Un reciente contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam S.R.L. ha desencadenado polémica debido a pagos adicionales no especificados, comprometiendo el presupuesto de la institución y fondos destinados a infracciones de tránsito. La instalación de la red semafórica en el Gran Santo Domingo, valuada en 1,317 millones de pesos, involucra gastos extras por servicios de soporte, traslados y reparaciones de equipos en diversas intersecciones del país.
Estos pagos adicionales, que se extienden a lo largo de cinco años, plantean preocupaciones sobre el impacto financiero en el Intrant. Se incluyen montos no especificados relacionados con «licenciamientos y softwares» preinstalados en cámaras destinadas a la detección de infracciones de tráfico y anomalías en el tránsito.
Según el artículo 5.3 del contrato, el Intrant se compromete a efectuar estos pagos utilizando fondos del presupuesto anual de la institución. El artículo 5.3.1 detalla el uso del software «Claudia» preinstalado en las cámaras adquiridas, con pagos mensuales provenientes de las infracciones de tránsito fiscalizadas por dichas cámaras.
La situación se complica aún más con referencia al artículo 11 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que establece que prácticas corruptas o fraudulentas pueden ser causales de rechazo de propuestas o rescisión de contratos.
En cuanto a la instalación actual de 335 semáforos en el Gran Santo Domingo, el representante de Transcore Latam SRL, Pedro Vinicio Padovani Báez, destaca que seis drones fortalecen el sistema de control del tráfico. Sin embargo, señala que el sistema de monitoreo, aunque actualmente opera desde la empresa, debería estar bajo el control del Intrant.
Padovani explica que la renovación de semáforos, con pintura y actualización para mejorar la visibilidad, ha sido parte de la mejora del sistema. La audiencia en el Tribunal Superior Administrativo sobre la solicitud de «medida cautelar anticipada administrativa» está programada para el 5 de diciembre, a las dos de la tarde. En esta audiencia se abordará la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas de anular el procedimiento y el contrato, tras una serie de ilegalidades, por una inversión de más de 1,317 millones de pesos.
