Durante el último año de la administración del presidente Jair Bolsonaro, la minería ilegal, en su mayoría, se disparó en la Amazonía brasileña. En 2022, se inició un aumento significativo en la minería informal, con aproximadamente 35,000 hectáreas ocupadas por los «garimpeiros» (mineros ilegales), principalmente en áreas de conservación y territorios indígenas de la región amazónica.
El estudio realizado por la iniciativa Mapbiomas revela que el 39% de las áreas ocupadas por extracciones en la selva tropical más grande del mundo se encontraba dentro de reservas ambientales o territorios indígenas, zonas prohibidas para la minería en el país.
El informe destaca que el 92% de las operaciones informales de extracción en Brasil se concentran en la Amazonía, y casi la mitad de ellas (40.7%) se han desarrollado en los últimos cinco años. Además, la superficie ocupada por extracciones ilegales en zonas de conservación y tierras indígenas fue un 190% mayor en 2022 en comparación con 2018.
Según Mapbiomas, en 2022, se extrajeron ilegalmente más de 25,000 hectáreas en territorios indígenas y 78,000 hectáreas en áreas de conservación ambiental. Esto representa un aumento del 265% en las áreas explotadas ilegalmente en tierras indígenas en los últimos cinco años, con aproximadamente el 62.3% de las minas ilegales en estas áreas abiertas en ese período.
Las comunidades indígenas más afectadas por esta actividad extractiva son los pueblos kayapó, munduruku, yanomami, tratarim do igarapé preto y sai-cinza, todos ubicados en la Amazonía brasileña.
En cuanto a las reservas ambientales, el informe señala que el 43% de las áreas con minas ilegales se abrieron en el último quinquenio, con la APA do Tapajós, Flona do Amaná, Esec Juami Japurá, Flona do Crepori y Parna do Rio Novo siendo las más afectadas.
César Diniz, coordinador técnico de mapeo minero de MapBiomas, destacó que la existencia y el crecimiento de la minería ilegal son evidencia del apoyo económico y político a esta actividad, a pesar de estar en zonas donde la minería está prohibida.
El aumento significativo de la minería ilegal ocurrió bajo la administración de Bolsonaro, quien promovió la explotación económica de la Amazonía, incluso en tierras indígenas. Según datos de Mapbiomas del año pasado, la actividad aumentó un 53.8% en tierras indígenas entre 2019 y 2021.
La minería ilegal en la Amazonía también tiene graves consecuencias ambientales, incluida la sedimentación de los ríos y la contaminación de sus aguas con mercurio, un metal altamente tóxico utilizado en la extracción de oro. Este contaminante afecta la biodiversidad del bioma y la salud de millones de personas que dependen de sus recursos hídricos.
El mercurio puede tener efectos nocivos en el sistema nervioso, el tracto digestivo, el sistema inmunológico, los pulmones y los riñones de los seres humanos, así como causar malformaciones durante el embarazo.
