La Casa Blanca expresó su profunda decepción tras el fallo de un juez de Texas que declaró ilegal el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según informó la portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.
«Estamos en desacuerdo con la decisión de la corte distrital y continuaremos defendiendo esta política crucial de los desafíos legales», señaló el comunicado.
Jean-Pierre destacó que desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Biden ha considerado una prioridad proteger a los beneficiarios de DACA y llamó al Congreso a aprobar legislación que ofrezca un camino hacia la regularización para los más de medio millón de personas que dependen de este amparo migratorio.
Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, enfatizó en otro comunicado que, a pesar del fallo, los «soñadores», como se conoce a los beneficiarios de DACA, no serán deportados y se seguirán renovando sus solicitudes de permiso de trabajo.
Mayorkas, de origen cubano, reconoció que la decisión del juez Andrew Hanen, del distrito sur de Texas, afecta la «seguridad y estabilidad» de los migrantes.
«El Congreso no ha tomado medidas y ahora los soñadores enfrentan un futuro incierto, esperando recibir la protección permanente que merecen», afirmó Mayorkas.
El fallo desestimó el intento de la Administración demócrata de registrar el programa en la ley federal como un medio para protegerlo de demandas y beneficiar a los más de medio millón de destinatarios del amparo migratorio.
DACA ha permitido que más de medio millón de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad permanezcan en el país sin temor a la deportación y trabajen legalmente.
Grupos activistas han instado al Congreso a tomar medidas para proporcionar una solución permanente a los «soñadores», argumentando que es solo cuestión de tiempo antes de que los tribunales pongan fin definitivamente al programa.
DACA fue establecido por el Gobierno de Barack Obama como una medida temporal, pero su sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump (2017-2021), decidió poner fin al programa en su primer año de mandato, lo que desencadenó una serie de demandas y contrademandas en los tribunales que llevaron a la situación actual.
