José Henríquez, abogado de dos imputados en la Operación Calamar, afirmó que ninguno de los acusados representa peligro de fuga, sosteniendo que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional no tendrá más opción que liberarlos.
El togado, que lleva la defensa de la pareja Yahaira Brito y Ramón David Hernández, imputados en el supuesto entramado corruptivo, indicó que el Ministerio Público no necesita presos para tener casos.
“En la medida de coerción que se conocerá el domingo, habrá que buscar cualquier alternativa menos la solución extrema, es decir, que no sea la prisión preventiva, el artículo 226 del Código Procesal Penal, ofrece siete opciones de medida”, explicó el letrado.
Henríquez, sostuvo que todo el que está acusado en este proceso posee bastantes arraigos económicos y sociales, además, las mayorías han ocupado funciones públicas, y otros en el sector privado.
“En el caso de las personas que representamos los arraigos son suficientes para que no se tomen medidas extremas, en buen derecho y en el debido proceso, veremos una sentencia garantista, evaluará las condiciones básicas, no hay ninguna persona con posibilidades de fuga, así que nosotros no tenemos que tener presos para tener procesos”, consideró el letrado.
En ese sentido, manifestó que basta con el inicio de la investigación, indicando que al final se deberá garantizar lo más importante en un ciudadano y es la presunción de inocencia.
Dijo que constitucionalmente todos los procesados son inocentes, declarando que más adelante dirá la relación que guardan sus representados en el caso.
En el caso de corrupción administrativa donde actualmente hay tres exministros del pasado Gobierno como: Gonzalo Castillo, Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta, junto a 17 personas más.
El grupo es acusado de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros, según el Ministerio Público.
Además, de distraer del Estado a través de varias instituciones públicas más de 19 mil millones de pesos.
